El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este viernes el Real Decreto sobre renovables, cogeneración y residuos. Una norma duramente criticada por el sector y otras organizaciones sociales que consagra la inseguridad jurídica y no garantiza la prioridad de despacho de la electricidad generada con tecnologías limpias, en contra de lo establecido por la Unión Europea.
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